El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena rechazó el pedido de la fiscal Geovana Mori y dictó comparecencia restringida. A la ex primera dama se le imputó el presunto delito de colusión y asociación ilícita para delinquir por, supuestamente, haber favorecido a Odebrecht en la concesión del Gasoducto Sur.
El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena rechazó el pedido del Ministerio Público para dictar 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto Sur.
Durante la lectura de su resolución, el magistrado determinó que no existen elementos probatorios para dictar prisión preventiva al no existir graves y fundados elementos de convicción. Además, discrepó con el Ministerio Público sobre el arraigo domiciliario y laboral de la ex primera dama en cuanto a un peligro de fuga. Al final de la sesión, el juez dictó comparecencia restringida contra los tres implicados.
En el caso Gasoducto Sur, la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Heredia Alarcón, a quien se le imputa el presunto delito de colusión y asociación ilícita para delinquir, por supuestamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de este megaproyecto.
En sesiones pasada, la fiscal Geovana Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato estimó que la esposa del expresidente Ollanta Humala podría cumplir una condena de entre 18 a 30 años de cárcel si es hallada culpable por el caso Gasoducto del Sur. Asimismo, advirtió un peligro de fuga y obstaculización, al igual que de los exministros.
"Nos encontramos ante un concurso real de delitos. Por lo tanto, procede la sumatoria de estas penas; entonces la pena probable sería de 18 a 30 años, con lo cual se superaría ampliamente los 4 años que establece el Código Procesal Penal para este segundo presupuesto", refirió.
La fiscal Geovana Mori indicó que la ex primera dama ha tenido un comportamiento obstaculizador al señalar que interfirió en las declaraciones de los testigos. En ese sentido, consideró que el peligro de obstaculización aparece debido a la injerencia y capacidad para que los testigos no obedezcan a los deberes de declarar en las citaciones fiscales.
"Se acredita la obstaculización cuando, en el 2018, el abogado Wilfredo Pedraza, que representó a Heredia, le pidió al exministro Jorge Merino, que niegue haberse reunido con su patrocinada en Palacio de Gobierno", detalló.
"Nadine Heredia fue líder de organización criminal"
En otra de las audiencias, la fiscal Geovana Mori justificó el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra la exprimera dama Nadine Heredia por el caso Gasoducto del Sur al postular que fue líder de una organización criminal enquistada en la gestión de su esposo con la finalidad de favorecer a Odebrecht. En ese sentido, le atribuyó los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, al igual que a los otros dos imputados, los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.
"Contra Nadine Heredia se le imputa ser autora del delito de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, además de ser líder de una organización criminal que se enquistó en el Gobierno Central que tenía como fines objetivos favorecer a empresas brasileñas por el proyecto Gasoducto Andino del Sur", señaló la fiscal.
Durante su exposición, la fiscal explicó que su acusación se basa en 7 colaboraciones eficaces, conformadas por 5 personas naturales, dos personas jurídicas - Odebrecht y Graña y Montero-, declaraciones testimoniales y un testigo protegido. "Todos estos elementos hacen que este Ministerio Público haga el requerimiento para que pueda ser evaluado", apuntó.
La fiscal Mori recordó que, como parte de un proceso de colaboración con las autoridades de Estados Unidos, la empresa Odebrecht reconoció pagos ilícitos a funcionarios durante el periodo del 2006 al 2014 a través del pago de campañas políticas. Una de estas, fue la campaña de la "pareja presidencial", por la cual el Partido Nacionalista habría recibido 3 millones de dólares para su campaña electoral del 2011.
"Eso fue la premisa para luego, en su oportunidad, tocar la puerta de este Gobierno y poder hacerse de esta conquista de este proyecto Gasoducto Sur Peruano. Tenemos también el acta de transcripción en la cual la empresa Odebrecht acepta pagos ilícitos en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, como parte del acuerdo de colaboración eficaz", precisó.
RPP
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